Estas ayudas tienen por objeto costear parte del viaje a España de los españoles mayores residentes en el extranjero para participar en el Programa de Vacaciones para Mayores de la temporada 2010-2011 que lleva a cabo el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a fin de facilitar a quienes salieron de nuestro país y ahora son residentes en el exterior el reencuentro con la sociedad española así como el disfrute de los beneficios sociales existentes en España.

Beneficiarios.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los españoles que se encuentren en alguna de estas situaciones:

a) Ser pensionista de jubilación, invalidez o viudedad del Sistema de Seguridad Social español, o del de cualquier otro país, o beneficiario de la prestación económica por razón de necesidad, y tener en todo caso 60 años o más.

b) Tener 65 años o más y residir en el exterior.

Asimismo, podrán ser beneficiarios los cónyuges que convivan con las personas antes indicadas o quienes no estando casados convivan como tales, siempre y cuando efectúen el viaje junto con el titular. En caso de tratarse de viudas o viudos, éstos deberán cumplir los requisitos generales establecidos anteriormente.

Se admitirá como acompañante a un hijo/a con discapacidad, que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 45 por ciento, siempre que el viaje lo realice con sus padres y comparta la misma habitación del hotel.

En todo caso, para beneficiarse del programa de viajes es necesario que los solicitantes puedan valerse por sí mismos y no padezcan trastornos psicofísicos que alteren la normal convivencia.

Cuantía de las ayudas y condiciones de la estancia.

1. Mediante estas ayudas la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior subvencionará parcialmente el importe de los pasajes de traslado a España y de regreso al país de residencia de cada beneficiario, pudiendo suscribir a tal fin convenios de colaboración o contratos con Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que contribuyan a alcanzar el objeto del Programa.

2. El importe de la subvención será por el coste total del viaje a España en el caso de los perceptores de la prestación económica por razón de necesidad.

3. Los beneficiarios abonarán las aportaciones que se establezcan por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y el IMSERSO para participar en el Programa de Vacaciones para Mayores. Asimismo, será por cuenta de los beneficiarios cualquier otro gasto que pueda derivarse de su participación en este Programa o del incumplimiento de las condiciones de realización del mismo.

4. En función del número de plazas que establezca el IMSERSO, la Dirección General de la Ciudadanía Española fijará el importe de la subvención y los países de procedencia de los beneficiarios, valorando las iniciativas de los Consejos de Residentes Españoles u otras Instituciones que patrocinen la participación en este programa de personas sin recursos económicos.

5. La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior establecerá la forma y plazo en que los beneficiarios deberán consignar la cantidad a pagar en concepto de reserva o conformidad con el viaje. Se entenderá que quienes no cumplan con este requisito desisten de su solicitud.

6. Las estancias en España tendrán una duración de 15 días y habrán de disfrutarse en los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud de la ayuda.

Criterios de ponderación.

1. Como criterios para el reconocimiento preferente de estas ayudas se tomarán en consideración las circunstancias siguientes:

a) En el caso de perceptores de la prestación económica por razón de necesidad, que no hayan sido beneficiarios de este programa en años anteriores.

b) En general, el no haberse beneficiado con anterioridad del programa de viajes.

c) La edad de los solicitantes, dando prioridad a los de mayor edad.

d) El tiempo transcurrido sin beneficiarse del programa.

2. Tendrán preferencia en la adjudicación de plazas los beneficiarios de la prestación económica por razón de necesidad, para quienes se reservará hasta un máximo del 30' de las plazas.

Presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse en: Sección de Trabajo e Inmigración (Pensiones, Ayudas, Asistencia Social)
Av. Paulista, 453, 7º, cj. 72/74
01311-907 - São Paulo - SP
Tel.(11) 3285.6854
Fax (11) 3253.0126
ct.saopaulo@mtin.es

Documentos exigidos

2 FOTOCOPIAS DEL PASAPORTE EN VIGOR DEL SOLICITANTE Y EL CONYUGE

2 COPIAS DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA CONSULAR TANTO DEL SOLICITANTE COMO DEL CONYUGE SI ES ESPAÑOL.

2 FOTOCOPIAS DEL LIBRO DE FAMILIA O CERTIFICADO DE MATRIMONIO O DE CONVIVENCIA EN SU CASO

EN CASO DE SER PENSIONISTA DE JUBILACION, INVALIDEZ O VIUDEDAD CON MAS DE 60 AÑOS, SE ACREDITARA ESTA CONDICION MEDIANTE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL O ENTIDAD CORRESPONDIENTE (DOS FOTOCOPIAS)

CERTIFICADO MEDICO INDICANDO QUE ESTA EN CONDICIONES PSICOFISICAS DE VIAJAR AL EXTERIOR POR AVION Y VALERSE POR SI MISMO (ORIGINAL Y COPIA).

CASO DE HIJO CON DISCAPACIDAD:
JUSTIFICACION MEDICA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACIDAD DEL 45' DEL HIJO /A (original y copia)

Obligaciones de los beneficiarios, justificación de las ayudas y reintegros.

Se considerará que el beneficiario participa en el viaje si no comunica su renuncia a la ayuda en el plazo de los 15 días siguientes a la notificación, lo cual se tendrá en cuenta al efecto de la valoración de su solicitud y de la selección para convocatorias posteriores.

El plazo de presentación de solicitudes para la participación en este Programa finaliza el día 31 de agosto de 2010.

Para españoles menores de 35 años

El objetivo de este programa del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España de ayuda a la formación para el empleo es promover la inserción o la mejora laboral, y también el desarrollo profesional del joven, a través de una capacitación de lata calidad, basada en la creciente demanda laboral existente en el sector de nuevas tecnologías y marketing, no solo en España, pero también en los países donde residen los españoles en el exterior.

Totalmente gratuito.

Se incluyen prácticas laborales en España para 20' de los alumnos.

Plazas limitadas.

Inscripciones online:
www.agaempexterior.org

Más información: info@agaempexterior.org

El plazo final para inscripciones finaliza el 9 de agosto de 2010

Las Comunidades Autónomas y el Gobierno central acordaron el pasado miércoles, en la Comisión Sectorial de la Ciudadanía Española en el Exterior, actuar conjuntamente en algunos asuntos referidos al retorno y en el control de los beneficiarios de las ayudas extraordinarias que conceden las comunidades autónomas, según informó la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, al término del encuentro celebrado en Madrid.

En cuanto al retorno, acordaron establecer “una serie de elementos comunes sobre la expedición del certificado de retornado” y abordaron “la necesidad de poner en común lo que es la figura del retornado en base a lo que hay, ya que en este momento creemos que la normativa es un poco ambigua y que se necesitará una concreción mayor sobre el retorno y los retornados en pleno consenso con las comunidades autónomas, de acuerdo con las competencias que tienen que ejercer en este ámbito, que les corresponde”.

De la reunión también resultó “un principio compartido absolutamente por todos los presentes que es el principio de intercambio de información y de informes sobre las ayudas especiales diferentes a las que da el Estado”, anunció Pin. Este principio no afectaría a las pensiones por razón de necesidad con asistencia sanitaria que da el Estado sino a las de carácter excepcional o extraordinario que dan las comunidades autónomas.

Según la directora general, todos los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo en que “si no hay esta información se pueden dar duplicidades o se pueden estar creando focos de invisibilidad de gente que realmente lo necesita o incluso, como ha dicho alguno de los representantes, estar dando, por carencia de esta información, ayudas especiales a personas que ni siquiera son españolas”.

Por ello, llegaron al acuerdo “de crear una aplicación informática que responda a las necesidades de intercambio de información individual, no indiscriminado sino puntualmente, tal y como permite la Agencia de Datos, entre administraciones”.

Esto, precisó Pin, también afectaría a temas de cobertura sanitaria, sobre todo en el ámbito de los programas que tienen que ver con medicamentos y con tratamiento para personas con enfermedades crónicas o graves, en los que algunas comunidades autónomas hacen un despliegue muy importante, sobre todo en países como Venezuela o Brasil.

Según Pin, el encuentro se desarrolló en “un ambiente de colaboración muy agradable” y la Comisión volverá a ser convocada dentro de unos meses para el seguimiento de los acuerdos adoptados. Sólo la petición por parte de las comunidades autónomas de los datos del PERE quedó nuevamente pendiente, tropezando siempre con los principios de derecho de protección de datos.

Las Comunidades Autónomas presentes en el IV Pleno del V Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) votaron a favor de la ‘Declaración de Derechos Electorales’ y se mostraron favorables a mantener tal y como está el derecho al voto de los residentes en el exterior, aunque lo hicieron de manera más o menos explícita.

Por ejemplo, la representante de la Comunidad de Andalucía, Rosario Ayala, directora general de Voluntariado y Participación de la Junta, afirmó que “desde el Gobierno andaluz aseguramos que en el ámbito de nuestras competencias los ciudadanos andaluces y andaluzas tendrán garantizados sus derechos sociales, políticos y culturales, en estos momentos y para los próximos años”.

Por su parte, el representante de la Comunidad Foral de Navarra, José Miguel Gorricho, director del Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones, afirmó que desde el Gobierno foral “se apuesta y se quiere seguir con el sistema que actualmente está regulado en la ley orgánica que se pretende modificar”.

La representante de Canarias, la viceconsejera de Emigración y Cooperación, “que nuestro Gobierno está en la propuesta, en el convencimiento, de mantener el voto del emigrante para todos los comicios”.

Por su parte, el representante de Castilla-La Mancha, Luis Jesús Gómez Escudero, destacó que “por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha decirles que estamos totalmente a favor de no recortar ningún tipo de derecho, que se siga votando como se estaba votando hasta ahora en todas las participaciones, en todas las convocatorias electorales, y así seguiremos por lo tanto manteniendo nuestro criterio. Y en el momento en el que se nos solicite opinión al respecto la manifestaremos con esta contundencia”.

La directora de la Agencia Madrileña para la Emigración, Victoria Cristóbal, afirmó que “estamos en contra de cualquier tipo de supresión del derecho a votar de los españoles, nacidos o nacionalizados, en cualquier convocatoria electoral ya sea municipal o nacional, y apostamos por el voto en urna y transparente”.

Además, Cristóbal culpó al Gobierno central de haber provocado las confusas informaciones que se han difundido sobre este asunto.

El representante de Castilla y León, Félix Colsa, fue bastante elocuente al referirse al derecho al voto. “Radicalmente estamos en contra de cualquier limitación de un derecho político fundamental como es el derecho al sufragio activo y pasivo. Y para que quede claro también he de decir lo que nos dijo un paisanos español y salmantino en un correo que envió cargado de decepción ante estos anuncios: qué pena le daba y cómo sentía que España, que ahora necesitaba ser un país grande, algunos lo quisieran hacer pequeño”. “Una frase que está marcando incluso mi posición personal y que debería hacernos reflexionar a todos. Y a los partidos políticos también”, añadió.

La Comisión Sectorial lleva 17 meses sin convocarse

La representante del Gobierno de las Islas Baleares, Pepi González, directora gerente de la Fundación Balears a l’Exterior, fue muy gráfica a la hora de reclamar una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas a través de la Comisión Sectorial. “En Baleares, como ejemplo anecdótico, hace un mes que se aprobó la tarjeta sanitaria y mi compañera de Madrid lo desconocía. Creo que es una pena que entre las Comunidades Autónomas no tengamos un contacto más fluido para intercambiar experiencias y enriquecernos con programas que ya están en marcha”.

Del mismo modo se manifestó al directora de la Agencia Madrileña para la Emigración, Victoria Cristóbal, quien recordó a los consejeros que la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior lleva “sin convocarnos a las Comunidades Autónomas más de un año, exactamente 17 meses, desde que no se convoca la Comisión Sectorial”.

Cristóbal señaló que “esto ha provocado que los representantes de las diferentes administraciones autonómicas no hayamos podido plantear las adversidades a las que debemos enfrentarnos, más aún ante los últimos acontecimientos económicos y políticos”.

También como ejemplo gráfico la representante de la Comunidad de Madrid señaló que quizás por ese motivo “todavía haya representantes, como la que les habla, que no hayamos podido conocer en persona a la nueva directora general, Pilar Pin, o a la recién nombrada secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, hasta el día de ayer”.

En este mismo sentido se manifestó también el representante de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Luis Jesús Gómez Escudero, asesor de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, que propuso que la reunión de las Comunidades Autónomas con el Ministerio “se debe producir como mínimo una vez al año. De esta forma se conseguirían dos cosas: poner en común las política de todo el Estado español y, en segundo lugar, estimular la participación de las Comunidades Autónomas en este pleno”.